Defensores de DDHH denuncian impunidad en Paraguay por matanza de campesinos Fotografía de un altar con las imágenes de los campesinos Luciano Ortega y Adolfo Castro, dos de las 17 víctimas hace dos años durante una ocupación de tierras, el pasado domingo 15 de junio de 2014, en Curuguaty (Paraguay). EFE/Archivo
Defensores de DDHH denuncian impunidad en Paraguay por matanza de campesinos
Fotografía de un altar con las imágenes de los campesinos Luciano Ortega y Adolfo Castro, dos de las 17 víctimas hace dos años durante una ocupación de tierras, el pasado domingo 15 de junio de 2014, en Curuguaty (Paraguay). EFE/Archivo

Washington,  (EFEUSA).- Organizaciones defensoras de las garantías fundamentales denunciaron hoy ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la “impunidad” en Paraguay ante la muerte de más de un centenar de campesinos en las últimas décadas.

El abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) Dante Leguizanon señaló que 115 líderes y militantes campesinos fueron asesinados o desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013.

Los datos se extraen del “Informe Chokokue” (campesino, en idioma guaraní), que presentó recientemente su organización, y que según los activistas muestra que “estos hechos no son aislados y se han convertido en un fenómeno recurrente en el país”, señaló Celina Giraudy, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Giraudy denunció la “impunidad estatal” y dijo que la Justicia paraguaya no ha emitido ninguna condena completa en las 115 muertes, sino sólo ocho “parciales”.

De los fallecidos, según el informe, había cuatro dirigentes campesinos con más de 60 años, nueve adolescentes, cinco niños -uno de ellos de 10 meses-, y una mujer embarazada fue violentamente golpeada en un proceso de desalojo de tierras, lo que causó la pérdida de su bebé.

Entre ellos también se encuentran Fermín y Luis, dos de los hermanos de Martina Paredes, quién en la audiencia contó cómo fueron desalojados violentamente durante una protesta en la que también resultó herido su hermano menor, Julián, quien “carga secuelas psicológicas”, al igual que su madre.

El secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, por su parte, Marcial Gómez, señaló que estos casos ilustran la “permanente violencia” y la “criminalización de los campesinos que luchan por el acceso a la tierra” en Paraguay.

La CIDH incidió en la importancia de evitar la impunidad porque de lo contrario se puede mandar “el mensaje de que se puede matar sin que el Estado responda”, dijo el comisionado James Cavallaro.

“Nada afecta más a la vigencia de los derechos humanos que la impunidad, debemos poner énfasis para combatirla”, dijo por su parte el comisionado José de Jesús Orozco, que advirtió del efecto “amedrantador” que tienen los ataques a los dirigentes de los campesinos.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Juan Miguel González Bibolini, rechazó la acusaciones y aseguró que a diferencia de los “oscuros años de la dictadura”, la situación de lo derechos humanos en su país “puede ser supervisada” por organizaciones nacionales e internacionales.

González señaló que Paraguay se ha incorporado totalmente en el Sistema interamericano de derechos humano y rechazó que se haya “llevado a cabo un plan general de ataque sobre la población campesina utilizando métodos de terrorismo de Estado”.