Washington,  (EFE).- La CIDH recibió hoy denuncias sobre el “grave impacto” en los derechos humanos del proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, la falta de garantías en los juicios de los tribunales militares de la base de Guantánamo (Cuba) y la discriminación laboral de los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

La CIDH recibe denuncias sobre el canal Nicaragua, Guantánamo y migrantes en EE.UU. Las políticas laborales de Estados Unidos también fueron objeto de críticas durante una sesión sobre el derecho a la asociación laboral, en el que una de las ponentes fue Cathy Feingold, de la principal central sindical de Estados Unidos, AFL-CIO. EFE/Archivo
La CIDH recibe denuncias sobre el canal Nicaragua, Guantánamo y migrantes en EE.UU.
Las políticas laborales de Estados Unidos también fueron objeto de críticas durante una sesión sobre el derecho a la asociación laboral, en el que una de las ponentes fue Cathy Feingold, de la principal central sindical de Estados Unidos, AFL-CIO. EFE/Archivo

En la primera jornada de audiencias de su 154 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trató dos temas relacionados con Nicaragua y cinco sobre Estados Unidos.

El organismo encargado de velar por los derechos humanos en continente recibió denuncias sobre la concesión a la firma china HKND de un proyecto de canal que unirá el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud.

“Estamos en presencia de la más grave privatización de la reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país y hay serios riesgos de corrupción”, advirtió con relación a ese proyecto Mónica López, activista del grupo COCIBOLCA.

Según las once organizaciones que asistieron a la audiencia, el canal provocará “un desplazamiento forzoso de más de 100.000 personas” y otorga a la firma china “derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o agua”.

Una de las siete integrantes de la CIDH, la paraguaya Rosa María Ortiz, instó al Gobierno de Nicaragua a “asegurar la transparencia” del proyecto, que “va a durar muchos años si se llega a construir y ameritará un control, porque la tentación hacia la corrupción es muy grande”.

En una de las audiencias dedicadas a EE.UU., los abogados de dos presos acusados de planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 y retenidos en la prisión de Guantánamo pidieron eliminar las comisiones militares utilizadas para juzgar a sus clientes, por considerar que son “ilegales” bajo el derecho internacional.

Los abogados militares del paquistaní Ammar al Baluchi y el saudí Mustafa al Hawsawi, que enfrentan una condena a muerte en las comisiones militares encargadas de juzgar los atentados del 11-S, comparecieron por primera vez ante la CIDH para pedir el “cierre inmediato” de esas cortes marciales.

El teniente coronel Sean Gleason, encargado de la defensa de Al Hawsawi, indicó a Efe que el juicio sobre el 11-S debería trasladarse a una jurisdicción civil, que ofrezca “un proceso justo, de acuerdo con el derecho internacional”.

Las comisiones militares están “diseñadas” para “esconder y suprimir pruebas de conducta criminal por parte de actores estatales, silenciar a las víctimas de tortura y asegurar la impunidad” de los responsables de violaciones en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo, aseguró el abogado militar Walter Ruiz.

En otra sesión, cuatro organizaciones de derechos civiles exigieron a EE.UU. más protección para los 8 millones de indocumentados que presuntamente son discriminados por su estatus y que tras sufrir accidentes laborales no reciben la misma protección y ayuda que el resto.

La CIDH trató los casos de dos mexicanos que presuntamente sufrieron discriminaciones laborales por ser indocumentados: Francisco Berumen Lizalde y Leopoldo Zumaya.

“Pedimos a la CIDH que ordene a EE.UU. cambiar sus leyes y prácticas para que los trabajadores no autorizados tengan los mismos derechos que el resto”, dijo a Efe Rebecca Smith, de la organización Proyecto de Ley Nacional de Empleo.

Las políticas laborales de Estados Unidos también fueron objeto de críticas durante una sesión sobre el derecho a la asociación laboral, en el que una de las ponentes fue Cathy Feingold, de la principal central sindical de Estados Unidos, AFL-CIO.

“Los trabajadores indocumentados trabajan en algunos de los trabajos más peligrosos, con bajos salarios y se les niegan sus derechos legales”, criticó Feingold.

Por otra parte, varias organizaciones exigieron a Estados Unidos un plan nacional para erradicar el racismo de las fuerzas de seguridad, a raíz de casos como la muerte del joven negro Michael Brown por disparos de un policía blanco en Ferguson (Misuri).

Por último, en la primera audiencia sobre Puerto Rico en la CIDH desde el año 2000, el secretario de Justicia de esa isla, César Miranda, reclamó que el Gobierno de EE.UU. libere al independentista Óscar López Rivera, encarcelado desde hace 34 años en este país y considerado un preso político en la isla.